Nueva York prohíbe el ingreso de lentes inteligentes a todos los recintos judiciales

Nueva York se convirtió en la primera jurisdicción de Estados Unidos en vetar la entrada de lentes inteligentes a cualquier zona de sus edificios judiciales. La medida no se limita a la sala de audiencias; abarca vestíbulos, pasillos y áreas de servicio, y prohíbe tanto la grabación como la mera posesión del aparato dentro del recinto.

Quiénes se ven afectados

La restricción impacta a todos los que ingresen a un juzgado: visitantes, periodistas, defensores, testigos y cualquier persona que porte gafas con cámara, incluso si el modelo incluye lentes de prescripción. En esos casos, los usuarios deberán sustituir sus gafas por lentes tradicionales para poder pasar los controles de seguridad.

Motivo de la prohibición

Las autoridades argumentan que la normativa busca proteger la seguridad jurídica y la privacidad de los procesos. Los lentes inteligentes pueden capturar video y audio de forma discreta, sin que el entorno perciba la grabación. A diferencia de un teléfono móvil, la cámara está integrada en la montura y su activación puede ocurrir con un simple toque, lo que dificulta la detección y el control.

Riesgos técnicos y de privacidad

Aunque algunos modelos incorporan luces LED que indican cuando la cámara está activa, esos indicadores pueden ser poco visibles o configurables, lo que deja la puerta abierta a grabaciones clandestinas. Además, el material generado por estas gafas a menudo alimenta sistemas de análisis y entrenamiento de algoritmos, lo que plantea interrogantes sobre el uso de datos sin consentimiento.

Contexto y controversia

El debate se intensifica tras la popularización de gafas como las Ray‑Ban de Meta, desarrolladas con EssilorLuxottica, que combinan diseño convencional con capacidades de captura audiovisual. Incidentes recientes de grabaciones no autorizadas en espacios públicos han puesto en relieve la dificultad de distinguir entre un accesorio tradicional y uno que oculta tecnología de vigilancia.

Con esta decisión, Nueva York marca un punto de inflexión en la regulación de la tecnología portátil, obligando a la industria y a los usuarios a reconsiderar el equilibrio entre innovación y derechos fundamentales dentro de entornos judiciales.