Ante la saturación de los servicios en Ceuta y la presión de socios europeos, el Ejecutivo eleva su tono y promete devolver a todas las personas que ingresaron irregularmente.
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La situación de Ceuta, donde los servicios municipales se encuentran colapsados tras la oleada de llegadas entre el 30 y 31 de julio, ha provocado una respuesta más firme por parte del Gobierno central. Varios ministros del PSOE han anunciado que se trabajará para que ninguna persona que haya cruzado la frontera de forma irregular permanezca en territorio español.
"Estamos comprometidos a que hasta la última persona que ha entrado sin los cauces legales vuelva a Marruecos", declaró el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, durante su visita a la ciudad autónoma. La declaración se produce en un contexto donde la mayoría de los individuos que permanecen en Ceuta son solicitantes de asilo o menores de edad, protegidos por la normativa nacional e internacional.
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, añadió que la intención es que los menores que llegaron solos sean reunidos con sus familias en Marruecos. "Trabajamos con el gobierno marroquí en una línea de principio que nos permita reagrupar a todos los menores en Ceuta con sus familias", señaló desde Almería.
Estas declaraciones llegan después de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, expresara que la única salida viable es el retorno de todas las personas que llegaron con la reciente invasión, descartando cualquier proceso de regularización. La presión proviene tanto de la Unión Europea, que ha criticado la gestión de la frontera, como de la oposición interna y del descontento de la población ceutí.
Las imágenes de decenas de miles de personas cruzando sin control y cientos de migrantes durmiendo en la calle han alimentado la narrativa xenófoba que circula en Europa. El Gobierno, que ha sido blanco de la derecha y la ultraderecha por su política de regularización, busca ahora presentar una postura más contundente para contrarrestar la ola antinmigración.
Sin embargo, la viabilidad de devolver a todos los menores y a los solicitantes de asilo plantea dudas legales y humanitarias, ya que la normativa española y los convenios internacionales garantizan el derecho a solicitar protección. El debate sobre cómo equilibrar la seguridad fronteriza con el cumplimiento de los derechos humanos sigue abierto, mientras Ceuta continúa lidiando con las secuelas de la crisis más grave de su historia reciente.
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