Los socios del Gobierno mantienen su respaldo pese a la condena de David Sánchez

La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado una pena de nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa contra David Sánchez, hermano del presidente. La sentencia descarta cualquier delito de tráfico de influencias y elimina la posibilidad de una pena de cárcel. Desde el Gobierno se ha subrayado la "inocencia" del condenado y se ha acusado al tribunal de intentar dañar la imagen del presidente y su entorno familiar.

Reacciones de los socios

En el hemiciclo del Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, calificó la resolución de "sobrada" y sostuvo que el proceso se ha basado "por la cara". En su cuenta de X, el dirigente republicano añadió que el caso muestra cómo la justicia puede perseguir a los políticos por sus ideas, y afirmó que "adecentar al poder judicial debería ser prioritario". Antes de conocer el fallo, Rufián ya había advertido que "es un momento en que cuesta mucho discernir la verdad de la mentira" y describió el caso como un ejemplo de "lawfare".

Por su parte, la diputada de los Comunes, Aina Vidal, describió la pena como "desproporcionada" y advirtió que "el estado de opinión sobre la Justicia es nefasto por sentencias como esta". Alberto Ibáñez, del partido Compromís, repitió la misma crítica, señalando que los jueces deben "tener cuidado de no pasarse de frenada" porque están poniendo en riesgo la credibilidad del Estado de Derecho.

El PNV, aunque no emitió un juicio tan enfático, señaló que la condena es "fuerte". En EH Bildu no hubo declaraciones públicas, pero ambas formaciones confirmaron que la sentencia no supera las líneas rojas que habían pactado como condición para retirar su apoyo al Ejecutivo.

Perspectivas de la coalición

Desde el inicio de la legislatura, los socios habían advertido que retirarían su apoyo si se demostrara una financiación ilegal del PSOE o si surgieran imputaciones graves contra el presidente. La actual condena, al carecer de pruebas de tráfico de influencias y al limitarse a una inhabilitación, no alcanza ese umbral. Por tanto, la alianza progresista parece consolidada de cara a los próximos años, con la intención de mantenerse hasta 2027, según declaraciones de la propia Moncloa.

En resumen, la sentencia contra David Sánchez ha generado críticas y denuncias de persecución política, pero no ha alterado la base de apoyo que los socios le brindan al Gobierno de Pedro Sánchez.