La Audiencia de Badajoz condena a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación y absuelve de tráfico de influencias

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el derecho al voto pasivo, tras determinar que había participado en la creación y adjudicación de un puesto de coordinador de conservatorios en 2017. La resolución, de 377 páginas, descarta la acusación de tráfico de influencias, por lo que el tribunal no ha impuesto ninguna pena de prisión.

Detalles de la decisión judicial

Los magistrados consideraron que no se había probado que existiera presión externa o influencia sobre los acusados, razón por la cual se rechazó la solicitud de cárcel de hasta seis años presentada por organizaciones como Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, el PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. Sin embargo, sí se confirmó que la Diputación actuó de forma arbitraria al crear una plaza innecesaria y que David Sánchez colaboró de manera consciente, presentándose a la convocatoria y simulando la legalidad del proceso.

Otros condenados en el mismo caso

Además de la sanción a David Sánchez, el tribunal también ha impuesto una inhabilitación de 18 años a Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE en Extremadura, por dos delitos de prevaricación. La sentencia también afecta a nueve personas más vinculadas al partido regional, a quienes se les ha dictado la misma pena de inhabilitación.

Contexto y repercusiones

Según la resolución, el puesto de coordinador fue diseñado específicamente para David Sánchez, quien además consiguió que se adaptaran las condiciones del cargo a sus intereses personales, como la exención de acudir a un despacho diario y la dedicación a la ópera. La contratación de Luis María Carrero, amigo cercano de David Sánchez, como coordinador de programas transfronterizos, también ha sido declarada ilícita.

La Audiencia ha dejado abierta la posibilidad de recurso, lo que indica que la parte condenada podría acudir a instancias superiores para impugnar la decisión. La sentencia marca un precedente importante en la lucha contra la prevaricación en la esfera pública española.