El TJUE ha confirmado que la reciente ley de amnistía busca reducir tensiones institucionales y facilitar la reconciliación nacional, rechazando la interpretación de “autoamnistía” y el vínculo con la investidura de Sánchez.
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En una resolución emitida el pasado jueves, los jueces de Luxemburgo han respaldado la ley de amnistía aprobada en España como una medida destinada a aliviar tensiones políticas y a crear un marco de reconciliación nacional. La sentencia subraya que la iniciativa encaja dentro de la competencia de cualquier Estado miembro para gestionar conflictos internos, sin entrar en la esfera política que la Comisión Europea había intentado atribuirle.
El Tribunal Supremo, en un auto de 2024, había calificado la norma de "autoamnistía" y la había vinculado a la investidura de Pedro Sánchez, argumentando que la medida favorecía a los independentistas catalanes y no contribuía a la convivencia. Asimismo, el Partido Popular había denunciado la ley como un intento de “pasar página” del proceso judicial mientras la impugnaba ante el Tribunal Constitucional. El TJUE desestima ambas posturas, señalando que la amnistía no constituye un cambio de cromos para la investidura, sino un instrumento para evitar el enjuiciamiento de hechos concretos, incluso graves, cuando el objetivo es apaciguar un conflicto mayor.
Uno de los interrogantes que mantenía en vilo al independentismo era la posible flexibilidad que los tribunales españoles podrían ejercer al aplicar la amnistía a los miembros de los CDR acusados de terrorismo. La sentencia europea deja claro que ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal de Cuentas pueden retrasar la aplicación de la medida, lo que limita cualquier maniobra judicial que pretenda postergar su efecto.
Con el aval del TJUE, el gobierno central gana un argumento sólido para avanzar en negociaciones con Junts y otros actores independentistas, mientras el PP pierde una de sus principales críticas. La decisión también refuerza la posición del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, que seguirá revisando la constitucionalidad de la norma bajo la sombra de un pronunciamiento europeo que la legitima como herramienta de reconciliación.
En definitiva, la sentencia europea no solo valida la legalidad de la amnistía, sino que también reconfigura el debate político, obligando a los partidos a replantear sus estrategias en torno al proceso judicial y a la búsqueda de acuerdos políticos.
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