ONU denuncia la eliminación masiva de licencias de abogados en Nicaragua y advierte sobre la erosión judicial

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por Naciones Unidas, ha señalado una ofensiva sin precedentes contra el ejercicio de la abogacía en el país centroamericano. Según el presidente del grupo, Jan‑Michael Simon, en pocos días cerca de 2.000 profesionales del derecho desaparecieron del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia, sin recibir ninguna notificación ni contar con un proceso administrativo que justificara la medida.

Los abogados afectados descubrieron la eliminación de sus credenciales al intentar ingresar a tribunales, presentar escritos o consultar la plataforma digital del máximo órgano judicial. La falta de audiencias, resoluciones o explicaciones oficiales sugiere que el Gobierno nicaragüense está privando sistemáticamente a estos profesionales de su derecho a ejercer.

Contexto de la intervención judicial

La denuncia se inscribe en un proceso de debilitamiento del poder judicial que comenzó en 2023. En ese año, la Policía Nacional tomó el control de la Corte Suprema y se produjeron numerosas salidas de altos funcionarios: ocho magistrados renunciaron y más de 1.000 empleados judiciales fueron apartados. En 2025, reformas constitucionales redefinieron al Poder Judicial como un "órgano" coordinado por la Presidencia, dejando atrás su carácter independiente.

Desde entonces, las autoridades ya habían suspendido de forma permanente a varios abogados y bloqueado la renovación de autorizaciones notariales obligatorias para el ejercicio de ciertas funciones. La reciente eliminación masiva representa, según los expertos, una nueva fase de la intervención gubernamental sobre la justicia.

Repercusiones para la ciudadanía

Reed Brody, integrante del grupo de expertos, describió la situación como una "depuración silenciosa" que compromete el acceso de la población a una defensa legal adecuada. "Las normas internacionales son claras: nadie puede ser privado del ejercicio de la abogacía sin una audiencia imparcial ante un órgano independiente", afirmó, añadiendo que en este caso no hubo audiencia ni órgano independiente, sino "una tecla de borrar".

La ONU advierte que esta práctica socava la garantía de un proceso justo y podría desencadenar mayores violaciones de derechos humanos en Nicaragua, mientras la comunidad internacional observa con creciente preocupación la evolución del sistema judicial del país.