El Gobierno español respalda la construcción de una planta de vehículos eléctricos de la china SAIC en Ferrol, pese a reservas del Ministerio de Defensa sobre posibles riesgos de espionaje, mientras el país busca equilibrar la atracción de inversión china con la presión de EE. UU. y la UE.
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El Ministerio de Defensa manifestó reservas sobre la construcción de una planta de vehículos eléctricos de la empresa china SAIC en Ferrol, advirtiendo de un posible enclave de espionaje. Horas después, el propio ministerio dio la autorización, respaldado por el Ejecutivo nacional (coalición PSOE‑Sumar) y el gobierno autonómico del PP, que ven en el proyecto una oportunidad para captar inversión extranjera.
La iniciativa contempla la instalación de una fábrica de baterías y ensamblaje de coches eléctricos en la zona portuaria de Ferrol, Galicia. Según fuentes del propio Ministerio, la planta contaría con una capacidad de producción de varios cientos de miles de unidades al año y generaría miles de puestos de trabajo directos e indirectos. La decisión se produce en un contexto en el que España ha manifestado su intención de mantener una cierta autonomía frente a la disputa entre Estados Unidos y China por el dominio del coche eléctrico.
La Unión Europea mantiene una postura escéptica frente a la inversión china, impulsando regulaciones que limitan la influencia de Pekín en sectores estratégicos. EE. UU., por su parte, ha adoptado una posición más hostil, temiendo que los intereses europeos se alineen con los de Beijing. España, al abrir la puerta a SAIC, busca posicionarse como un punto de encuentro atractivo para capital chino, intentando equilibrar la presión estadounidense y las reservas europeas.
Históricamente, el sector automovilístico ha sido un pilar de la economía nacional, desde la época de Hispano‑Suiza hasta la creación de SEAT bajo el franquismo y la posterior apertura a multinacionales. La nueva planta podría marcar un punto de inflexión, no solo por el volumen de producción, sino por el tipo de tecnología que se implantará y quién controlará la cadena de valor. La cuestión central pasa de cuántos vehículos se fabrican en territorio español a quién captura los beneficios generados.
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