El Tribunal de Justicia de la UE ha validado la ley de amnistía, eliminando los últimos obstáculos para los procesados, aunque los casos de Puigdemont y Junqueras deberán aguardar la resolución del Constitucional.
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El jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó la constitucionalidad de la ley de amnistía que pretende cerrar la fase penal del proceso independentista. Con esta decisión desaparecen los impedimentos que impedían a más de 300 personas acogerse a la norma, entre ellos los 35 exconsellers de la Generalitat acusados por el Tribunal de Cuentas y los 13 activistas de los Comitès de Defensa del Referèndum (CDR) señalados por terrorismo.
A pesar del respaldo europeo, la sentencia del TJUE no tiene efectos inmediatos para Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Ambos, junto a otros exconsellers, fueron excluidos de la amnistía por el Tribunal Supremo, que argumentó que se habían beneficiado económicamente al no afrontar los gastos del proceso. La interpretación del Supremo fue impugnada ante el Tribunal Constitucional, que se espera pronuncie en octubre.
Si el Constitucional confirma la exclusión, el Supremo podría intentar una última maniobra para impedir la aplicación de la medida, aunque la jurisprudencia del TJUE ya ha reforzado la posición de los independentistas ante los tribunales españoles. En cualquier caso, la aplicación final de la amnistía dependerá de la decisión conjunta de ambos tribunales.
Los beneficiarios directos de la decisión del TJUE son los 35 exconsellers, entre los que se encuentran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, y los 13 activistas de los CDR. El aval de Luxemburgo elimina la discrecionalidad del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia Nacional, obligándolos a aplicar la amnistía conforme a la normativa europea.
En resumen, la puerta europea está abierta, pero la entrada a la amnistía para los líderes independentistas sigue cerrada a la espera de la resolución de los tribunales nacionales.
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