El juzgado de Madrid advierte nuevos retrasos en el juicio contra la pareja de Ayuso por sobrecarga de trabajo

El Juzgado de lo Penal número 19 de Madrid, encargado del proceso contra Alberto González Amador por dos delitos fiscales y falsificación de documentos, ha emitido un escrito en el que indica que la fijación de la fecha de la vista se realizará "considerando la sobrecarga y circunstancias que pesan sobre el Juzgado y cuando razones de agenda lo permitan". Con esta advertencia, el tribunal reconoce que la carga de trabajo actual dificulta la programación de la audiencia, lo que ya se había pronosticado como un proceso que podría extenderse hasta 2027, siete años después de los presuntos hechos.

El guion de la vista y la acusación popular

En un documento previo, el titular del juzgado estableció el "guion" de la prueba que se presentará en el juicio, aceptando o rechazando las declaraciones de testigos e informes solicitados por las partes. En este contexto, la acusación popular, impulsada por PSOE y Más Madrid, ha visto rechazadas todas sus propuestas de testigos, incluido Fernando Camino, directivo de Quirón, lo que elimina la posibilidad de que declare en calidad de testigo.

Antecedentes y posibles penas

El expediente contra González Amador se sustenta en un informe de la Agencia Tributaria que documenta 19 meses de inspección, revelando dos fraudes a Hacienda y una trama de facturas falsas. La Audiencia Provincial confirmó en noviembre de 2025 la remisión del caso al juzgado penal, y solo un acuerdo entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado podría evitar la celebración del juicio. Las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan penas de tres años y nueve meses de prisión, mientras que la acusación popular pide cinco años.

Un proceso que se prolonga

González Amador, que habría defraudado menos de 600.000 euros, nunca ha comparecido ante el tribunal, alegando compromisos laborales con Quirón. Mientras tanto, continúa la instrucción de una pieza separada que investiga el presunto soborno de la pareja de Isabel Díaz Ayuso al directivo de Quirón, Fernando Camino, por una comisión de 2 millones de euros. La falta de agenda disponible en el juzgado de lo penal de Madrid mantiene en suspenso la fecha del juicio, dejando al acusado en una situación de incertidumbre judicial prolongada.