El fiscal José Manuel San Baldomero ha calificado de excesivas las decisiones del juez Juan Carlos Peinado que retiran el pasaporte y exigen comparecencias quincenales a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez.
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El Ministerio Fiscal, a través del fiscal José Manuel San Baldomero, ha presentado un informe ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que critica con dureza la resolución del juez Juan Carlos Peinado. La medida, que consiste en la retirada del pasaporte de Begoña Gómez —esposa del presidente del Gobierno— y la imposición de comparecencias quincenales, ha sido calificada como carente de rigor y mesura.
San Baldomero sostiene que el riesgo de fuga señalado por el juez se basa únicamente en los delitos que se investigan y en las penas previstas, sin considerar las circunstancias personales de las investigadas. Según el fiscal, ambas mujeres tienen arraigo probado en territorio español: son ciudadanas, sus familias viven en España y sus actividades profesionales se desarrollan en el país. Además, el informe indica que no existen vínculos con el extranjero ni bienes que faciliten una supuesta fuga.
El fiscal también critica la falta de concreción del juez al referirse a la posible “retirada de cuantos pasaportes pudiera disponer”. Señala que la única referencia a una nacionalidad distinta —la supuesta adquisición de pasaporte dominicano— es un rumor que se ha difundido en algunos medios y que no tiene sustento real.
Respecto a la obligación de comparecer cada quince días, San Baldomero la describe como una “penalidad adicional anticipada” que no aporta valor investigativo y que, en cambio, vulnera derechos fundamentales. El fiscal argumenta que la medida parece más una exposición pública que una necesidad judicial.
El informe del fiscal apoya el recurso de queja presentado por la defensa de Begoña Gómez ante la Audiencia Provincial. La autoridad judicial deberá valorar si las medidas adoptadas son realmente necesarias o si, como indica el Ministerio Fiscal, resultan injustificadas, desproporcionadas e innecesarias. La decisión final de la Audiencia determinará si se mantiene o se revocan las restricciones impuestas.
Con este episodio, se vuelve a poner en el foco la tensión entre la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos fundamentales en el marco judicial español.
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