El Consejo aprueba la ley de violencia vicaria que suprime la patria potestad a padres condenados por maltrato

En una sesión del Consejo de Ministros, se dio el visto bueno en segunda ronda al anteproyecto de ley de violencia vicaria elaborado por el Ministerio de Igualdad, bajo la dirección de la ministra Ana Redondo. La norma busca dar visibilidad a una forma de violencia que, hasta ahora, había recibido escasa atención legislativa, y propone medidas para reconocer, prevenir, sancionar y erradicar este tipo de agresiones.

Contexto y cifras alarmantes

Durante los primeros meses del presente año, se han registrado tres homicidios de menores en el territorio nacional. Desde que se empezó a contabilizar oficialmente en 2013, la estadística indica que 68 niños han perdido la vida como consecuencia de la violencia vicaria. Es importante subrayar que estos datos se limitan a víctimas que son hijos o hijas de mujeres, excluyendo a madres, hermanas, parejas y otras personas que también pueden ser víctimas de este fenómeno.

Qué implica la nueva normativa

La propuesta plantea que, una vez que un progenitor sea condenado por maltrato, se le retire la patria potestad de forma automática. Esta medida pretende proteger a los menores de futuros riesgos y ofrecer una respuesta jurídica más contundente ante la gravedad de los hechos. Además, la ley contempla la creación de protocolos de actuación para los servicios sociales y judiciales, con el objetivo de detectar y actuar con mayor rapidez ante situaciones de violencia vicaria.

Reacciones y próximos pasos

Organizaciones de derechos humanos y asociaciones de víctimas han recibido con satisfacción la aprobación del proyecto, aunque han insistido en la necesidad de dotar a la norma de recursos suficientes para su aplicación efectiva. El Parlamento deberá debatir y votar la ley en su fase final, proceso que se espera concluya antes de final de año.

Con esta iniciativa, el gobierno pretende enviar un mensaje claro: la violencia que se ejerce a través de terceros, especialmente contra menores, no será tolerada y conllevará la pérdida de los derechos parentales más básicos.