EE.UU. modifica la norma de azúcar del jugo de naranja, una regla vigente desde 1963

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunciaron el viernes 17 de julio la actualización de la normativa federal que rige el jugo de naranja pasteurizado. La medida baja el umbral de sólidos solubles, medidos en grados Brix, del 10,5 % al 10 %.

Motivos detrás de la decisión

La revisión responde a la presión sostenida por la industria citrícola, que ha enfrentado una década de desafíos estructurales. Según el Departamento de Agricultura (USDA), la enfermedad conocida como citrus greening o Huanglongbing ha devastado millones de árboles en Florida, reduciendo tanto la producción como la concentración de azúcares en los frutos. Ante estos descensos, el jugo nacional solía quedar por debajo del requisito establecido desde 1963.

Declaraciones oficiales

En una ceremonia celebrada en Lakeland, Florida, el secretario de HHS, Robert F. Kennedy Jr., explicó que la norma anterior obligaba a los productores a depender de importaciones para cumplir con el estándar de azúcar. "Eliminar esta regulación obsoleta nos permitirá ahorrar más de 50 millones de dólares al año y reforzar la cadena de suministro nacional", afirmó el secretario.

Impacto esperado en el sector

La nueva regla también amplía el porcentaje permitido de jugo de mandarinas y tangerinas en la mezcla final, ofreciendo mayor flexibilidad a los procesadores. Organizaciones gremiales como la Asociación de Procesadores de Cítricos de Florida y Florida Citrus Mutual respaldaron la medida, señalando que la adaptación normativa es imprescindible para mantener la competitividad del sector.

Perspectivas a futuro

Con la reducción del requisito de Brix, se espera que los productores locales puedan aprovechar mejor la cosecha disponible, disminuyendo la dependencia de jugos importados de Brasil y otros países. La medida, aunque técnica, podría traducirse en precios más estables para el consumidor y en una mayor resiliencia frente a futuras amenazas fitosanitarias.

En resumen, la actualización del estándar federal representa una respuesta concreta a una crisis prolongada, alineando la regulación con la realidad agronómica actual y ofreciendo una salida económica a una industria que ha sido golpeada por factores climáticos y patógenos.