Una mujer y sus cinco hijos, entre ellos tres menores y el menor con síndrome de Down, fueron desalojados en Moratalaz, Madrid, a pesar de la solicitud de la ONU para paralizar el proceso.
· sociedad
El pasado [fecha no especificada] se llevó a cabo el desalojo de Dulca, una madre que vivía con sus cinco hijos en una vivienda gestionada por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. Entre los menores que acompañaban a la familia, el más pequeño padece síndrome de Down.
La ejecución del desahucio se produjo pese a la intervención de organismos internacionales, que habían pedido a las autoridades españolas que detuvieran el proceso. La solicitud de la ONU, emitida con antelación, no fue suficiente para impedir la acción de los servicios de ejecución de la orden judicial.
Los vecinos del barrio de Moratalaz expresaron su sorpresa y preocupación ante la noticia, señalando la vulnerabilidad de la familia y la falta de alternativas habitacionales inmediatas. Organizaciones locales de derechos sociales han denunciado la medida, argumentando que la falta de una solución de vivienda digna vulnera los derechos de los menores, especialmente del niño con discapacidad.
Por su parte, la Agencia de Vivienda Social, responsable de la gestión del inmueble, ha reiterado que la ejecución se realizó conforme a la orden judicial que había sido dictada contra la familia. No se han publicado declaraciones oficiales de la comunidad autónoma de Madrid al respecto.
El caso vuelve a poner en el foco la tensión entre la ejecución de sentencias de desahucio y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. La petición de la ONU subraya la necesidad de mecanismos que garanticen la protección de familias en situación de vulnerabilidad antes de proceder a desalojos forzosos.
Mientras tanto, la familia afectada se enfrenta a la urgente necesidad de encontrar una nueva vivienda, un proceso que, según los propios afectados, se complica por la falta de recursos y la rapidez de la ejecución. La comunidad de Moratalaz y los colectivos de apoyo continúan pidiendo una revisión de la medida y la búsqueda de soluciones habitacionales que eviten la repetición de casos similares.
Este episodio vuelve a encender el debate sobre la política de vivienda social en la Comunidad de Madrid y la eficacia de los recursos de protección que deberían estar al alcance de las familias en riesgo de exclusión.
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